Política

Presidente quita a 12 funcionarios en sus quince meses de gestión

A un año y casi tres me­ses de gobierno, el pre­sidente Luis Abinader ha removido de su cargo a 12 funcionarios de distintas dependencias del Estado.

En la mayoría de los casos, el mandatario ha mostrado ser receptivo ante la conducta y desem­peño de su equipo de go­bierno, ya que muchas de las destituciones son mo­tivadas por escándalos que deterioran la imagen de su gestión y, en otros casos, por presunta inefi­ciencia.

El 30 de noviembre de 2020 fue destituido el vi­ceministro de Interior y Policía, Víctor Polanco Se­verino, mediante el de­creto 691-20, tras rumo­res de su participación en una supuesta mafia en las expediciones para porte y tenencias de armas de fuego.

Polanco negó esa impu­tación, alegando que lo hicieron “saltar del car­go”. En su lugar, fue desig­nado Víctor Ramón Cas­tro.

Una de las destituciones más destacadas fue la de Plutarco Arias, exministro de Salud Pública, quien por varias semanas había caído “en el ojo del hura­cán” por una supuesta so­breevaluación y compra irregular de jeringuillas.

El decreto 131-21 que marcó su destitución fue emitido el 26 de febrero de 2021, el día anterior al discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader. En su lugar fue nombrado el doctor Da­niel Rivera.

Otra baja en el tren gu­bernamental fue la del ge­neral Juan Carlos Torres Robiou, quien ejercía de director del Cuerpo Es­pecializado de Seguridad Turística (Cestur). Fue sustituido por el coronel Roberto Acevedo Tejada.

Si bien esta no fue una destitución, el general presentó su renuncia. To­rres Robiou había sido mencionado en el expe­diente “Operación Coral”.

El gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edees­te), Tomás Ozuna Tapia, fue destituido el 20 de mayo de este año. No se dieron a co­nocer los motivos.

No obstante, meses des­pués de asumir el cargo, Ozuna Tapia había denun­ciado anomalías encontra­das en la pasada gestión, desde pagos directos sin órdenes de compra hasta irregularidades en los con­tratos para la compra de equipos eléctricos. Tras su salida, Andrés Astacio asu­mió la gerencia.

El 15 de junio de 2021, Abinader designó a Teófilo José Tabar (Quico) como administrador de la Lote­ría Nacional, entrando en sustitución de Luis Dicent, cancelado bajo el decreto 379-21.

La destitución de este úl­timo se produjo tres días después de haber sido arrestado por el ministerio público, acusado de estafar a bancas de lotería por 500 millones de pesos.

Actualmente, Dicent cumple medida de coer­ción, como implicado en el caso de corrupción deno­minado “Operación 13”.

Por su parte, Leonardo Faña, exdirector del Insti­tuto Agrario Dominicano (IAD), fue otro funcionario afectado por estos escánda­los.

Fue acusado de abuso sexual por una empleada de esa institución, y varios días después fue destitui­do mediante el decreto 518-21 del 20 de agosto de 2021. Francisco Guillermo García asumió el cargo.

Pero en el juicio por el ca­so, un mes después de su destitución, Faña fue des­cargado de esas imputacio­nes por el juez de la Tercera Sala de la Corte de Apela­ción del Distrito Nacional, Daniel Nolasco.

El 24 de agosto de 2021, Julio Antonio de la Cruz fue removido de su cargo de director general de Em­bellecimiento de Carrete­ras y Avenidas de Circun­valación (Dgecac). Había sido vinculado a irregula­ridades, entre ellas el nom­bramiento de familiares y compras arbitrarias.