Población carcelaria tiene 25,711 privados de libertad
La cantidad de personas que guardan prisión preventiva en las cárceles del país representan el 59.0 % de la población penitenciaria, según estadística de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
A final de diciembre de 2022, el sistema penitenciario cuenta con 25 ,711 internos, de los cuales 10,401 cumplen condena, un 41%, mientras que 15,310, un 50.0 % guardan en prisión preventiva, como medida de coerción.
Entre los presos preventivos, 1,849 son extranjeros y 23, 862 son dominicanos, quienes cumplen la medida de coerción más gravosa, contemplada en el acápite 7, del artículo 226, del Código Procesal Penal.
Estos niveles están causando mucha preocupación entre juristas y catedráticos universitarios, quienes piden a jueces y fiscales dejar de hacer un uso abusivo y excesivo del tratamiento de la prisión preventiva.
Del total de los internos, 25,050 son hombres, un 97%; y 661 son mujeres, un 2.6%.Todos recluidos en 31 centros masculinos, seis centros femeninos y cuatro centros mixtos.
De la cantidad de privados de libertad, hay 10,156 hombres condenados y 245 mujeres condenadas, mientras que preventivos hay 14, 893, hombres un 59%; y 416 mujeres, para un 63%.
El informe elaborado por Manuel Antonio Acosta Polanco, encargado de la división de estadística, precisa que el 64.4% de la población carcelaria de la República Dominicana vive en condiciones de hacinamiento y el nivel de ocupación 164.
La mayor cantidad está recluida en recintos del sistema tradicional, donde cumplen condena y medidas de coerción, mientras que los restantes están en los centros de corrección y rehabilitación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
El sistema penitenciario cuenta con 41 centros de corrección y rehabilitación (CCR) y tres Centros de Atención a Privados de Libertad Provisional (Caplip).
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, requirió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, a la procuradora general, Miriam Germán Brito, y al titular de la Defensoría del Pueblo, Pablo Ulloa, “ir en auxilio de privados de libertad con enfermedades terminales para que vivan sus últimos días con dignidad”.
