Más casos de corrupción llegan a la Pepca; Ahora los del Plan Social y el Inaipi
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca) fue apoderada ayer de tres expedientes sobre presuntas irregularidades que implican al Plan de Asistencia Social de la Presidencia y el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), en los que se identifica “una recurrencia sospechosa” en los procesos de compras y contrataciones de esos entes.
El impulso de este paso es de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que hizo el apoderamiento del caso a la Pepca a través de su titular, Carlos Pimentel.
Conforme al pliego de hechos sometidos ante el ente de la investigación, en torno a lo ocurrido existe, como única explicación, “vínculos o acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado”.
Según detalles sobre estos casos, estas alegadas irregularidades habían ocurrido el año pasado, estableciéndole que para ejecutar los procesos de compra y contrataciones se “otorgaban adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias”.
Los tres expedientes
En la Pepca hay tres expedientes relacionados con el Inaipi, uno del que estaba apoderado la Fiscalía del Distrito Nacional y dos depositados ayer por el director de Contrataciones Públicas.
El primer expediente que vincula a exfuncionarios de Inaipi está relacionado a una denuncia presentada por el empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado, sobre el proceso de licitación para la compra de 40,000 kits de alimentos, que a su juicio estuvo plagado de irregularidades.
De los dos expedientes que depositó Contrataciones Públicas, uno está relacionado con la compra de equipos tecnológicos y el segundo con la contratación de leche del desayuno escolar.
Según Pimentel, uno de ellos refiere que en 2016 esa institución incurrió en violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia, de los que no hay evidencia y costaron RD$208.05 millones al Estado. Explica que según otra auditoría, estos pagos fueron por compra de computadoras, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructuras y mobiliarios.
