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Gobierno pone en marcha plan para recuperar el dinero de la corrupción

El presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas, a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos, que buscan prevenir y detener la corrupción administrativa, así como fortalecer la transparencia institucional.

Dentro de los anuncios hechos en la presentación del “Plan Integral de Reformas Institucionales”, el mandatario aseguró que para fortalecer la independencia del Ministerio Público, impulsará una reforma constitucional en la que el procurador sea designado por un órgano apartidista.

 “Asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público y en un legado institucional duradero”, dijo Abinader.

Asimismo, dijo que propondrá aumentar las consultas populares vía referendo, además de poner en marcha mecanismos que blinden “el texto constitucional de cualquier intento de convertir las aspiraciones personales en norma constitucional, sin tomar en cuenta la estabilidad democrática e institucional”.

Dentro de las leyes que propuso Abinader están una modificación a la ley de Compras y Contrataciones Públicas para mitigar riesgos en las compras y contrataciones del Estado.

La modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones públicas.

“Les anuncio la creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno”, anunció.

De igual forma, la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control.

El mandatario dijo que en los próximos meses apoyará a los legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución “de modo que los llamados ´barrilitos´ sean eliminados de manera definitiva”.