El Gobierno da su primer paso: Depositan en PGR el expediente del asfalto

La compra de 11,500 mi­llones de pesos de hormi­gón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), ahora convertido en el primer caso sospecho­so de corrupción en ma­nos del ministerio públi­co, avanza sin demora por los fueros de la justi­cia desde la designación de la magistrada Miriam Germán Brito, que hoy llega a sus primeros 26 días en el cargo.

Este caso, que ocurrió en plena campaña electo­ral y durante la gestión en Obras Públicas del candi­dato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, desenca­denó un escándalo nacio­nal y una ola de reclamos para una investigación que nunca tuvo efecto.

El expediente está bajo apoderamiento de la Pep­ca, donde fue depositado ayer por el director gene­ral de Contrataciones Pú­blicas, Carlos Pimentel, y la directora general de Ética e Integridad Guber­namental, Milagros Ortiz Bosch.

Ayer también el titular de la Procuraduría Espe­cializada de Persecución de la Corrupción Admi­nistrativa (Pepca), Wilson Camacho, prometió en­caminar las pesquisas pa­ra determinar si en estas compras hubo prácticas corruptas.

Camacho agradeció a Ortiz Bosch y a Pimentel el esfuerzo que han hecho para indagar y presentar documentos sobre un he­cho en el que presumen fueron lesionados los inte­reses del Estado.

“El Ministerio Públi­co cumplirá con su obli­gación de profundizar la investigación para deter­minar si existen responsa­bles”, advirtió Camacho.

Poco antes, la procura­dora general de la Repú­blica, Miriam Germán Bri­to, recibió en su despacho a los directores generales de Ética e Integridad Gu­bernamental y Compras y Contrataciones Públicas, un encuentro en el que participó la procurado­ra adjunta y directora ge­neral de Persecución de la Procuraduría, Yeni Bereni­ce Reynoso.

Luego de conversar bre­vemente con Germán Bri­to y demás funcionarios del Ministerio Público, Or­tiz Bosch y Pimentel se di­rigieron al primer nivel del edificio, en donde deposi­taron por ante la secreta­

 ria general de la Procura­duría, Gladys Sánchez, un legajo de documentos en los que figura la solicitud de intervención de la Pepca.

Alegatos

En el legajo de documento entregado al Pepca se alega que “dentro de los hallaz­gos existen indicios de vin­culación de algunas de las compañías beneficiadas con Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y excandi­dato presidencial del Partido de la Liberación Dominica­na (PLD), por lo que se pone esta información a la dispo­sición del Ministerio Público para que realice las diligen­cias de lugar.

Sostiene que, tomando en cuenta que el exministro Gonzalo Castillo ya no for­ma parte de la Administra­ción Pública, la investiga­ción ya no busca establecer una sanción administrativa sino actuar según lo esta­blecido en artículo 169 de la Constitución, que especi­fica que es facultad del Mi­nisterio Público realizar las investigaciones de casos pe­nales y ejercer la acción pú­blica en representación de la sociedad”.

Violaciones

Los funcionarios sostienen en la documentación en­tregada que existen sufi­cientes indicios de que en el proceso auspiciado du­rante la gestión de Castillo hubo irregularidades y vio­laciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado.

“Creemos que el Ministe­rio Público, a través de sus departamentos correspon­dientes, cuenta con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar una amplia investigación penal de este caso a los fines de esclarecer los hechos”, su­brayaron.

Tanto Pimentel como Or­tiz Bosch coincidieron en que el informe que sobre el caso emitió el exdirector de la DIGEIG, Lidio Cadet, re­comendando el archivo de la solicitud de investigación contra Gonzalo Castillo, no es sostenible tras analizar los documentos deposita­dos en la Dirección General de Ética.

De su lado, Pimentel consideró que la Dirección de Contrataciones Públi­cas ha podido constatar que las irregularidades de los procedimientos de ex­cepción realizados por el Ministerio de Obras Públi­cas coinciden en gran parte con las denuncias realiza­das por la periodista Alicia Ortega en su programa de investigación “El Informe”, difundido en noviembre del año pasado.

Argumenta que los he­chos posteriormente ha­brían sido comprobados en un documento emitido por la Dirección de Contratacio­nes Públicas el pasado 26 de mayo de 2020.

Expresó que a esto se aña­de la aprobación previa de las contrataciones; la publicación con un solo día de antelación para la presentación de pro­puestas; y la entrega de mon­tos millonarios a favor de va­rias compañías, con marcadas diferencias, en perjuicio de una en particular, en clara vio­lación del principio de igual­dad y libre competencia esta­blecido en la Ley 340-06.