Un pueblo de agricultores inmigrantes les dice que no a los centros de detención del ICE
Al ser una inmigrante que está en el país de manera ilegal, Maribel Ramírez no puede influir de forma oficial en los asuntos de la pequeña ciudad agrícola del Valle Central de California que durante veinte años ha definido como su hogar.
Sin embargo, entrada la noche del martes, se unió a cientos de trabajadores del campo y otros habitantes a las afueras de la sala de sesión del ayuntamiento de la ciudad de McFarland, con un megáfono en mano. “¡No al ICE! ¡No a GEO! Somos campesinos, no somos delincuentes”, coreaban, con Ramírez, de 42 años, a la cabeza.
El punto en disputa era una propuesta de la corporación multimillonaria para convertir dos cárceles del estado, cuya clausura ya está programada, en centros de detención para los inmigrantes que se encuentran en el país de forma ilegal, los cuales serán operados conforme a un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), un plan que según los líderes de la ciudad podría ser un salvavidas financiero para esta ciudad empobrecida.
Una nueva ley de California que prohíbe las cárceles privadas le costará a la ciudad 1,5 millones de dólares en impuestos anuales y otras cuotas que pagaba la corporación penitenciaria, GEO Group, a menos que la empresa pueda convertir esas dos instalaciones en centros de detención para inmigrantes.
McFarland, una ciudad cuyo único momento de fama había sido la película estelarizada por Kevin Costner, “McFarland, USA”, de 2015, es el hogar de miles de trabajadores como Ramírez, que trabajan duro en los viñedos y los huertos de almendras, pistaches y cítricos que se extienden en todas direcciones. Según cálculos privados, más de la mitad de los 15.000 habitantes del pueblo están en el país de manera ilegal: son justo el tipo de gente que podría acabar tras las rejas en las instalaciones que hasta ahora habían albergado criminales.
“Sin GEO, no podemos garantizar el pago a la policía, los bomberos ni cualquier otro servicio”, advirtió el alcalde Manuel Cantú el miércoles, un día después de que la comisión de planeamiento del pueblo votara en contra de la propuesta tras ceder frente a una abrumadora opinión pública.
Cantú, quien anunció su renuncia como alcalde el miércoles, predijo que, para una ciudad que de por sí enfrenta un déficit presupuestario de 500.000 dólares, el cierre de las instalaciones carcelarias sería “devastador”.
Sin embargo, parecía resignado. “Si los residentes no quieren los centros por temor a ICE o por la razón que sea, la ciudad les pertenece a los residentes”, comentó en una entrevista.
La empresa podría apelar la decisión de la comisión de planeamiento ante el ayuntamiento de la ciudad, pero los habitantes dejaron claro que harían lo que fuese necesario para bloquear el plan.
En la reunión de la comisión celebrada el martes por la noche, llegó un caudal de residentes al podio, para instar a los líderes de la ciudad a recordar quiénes vivían ahí.
“Pueden encontrar otras opciones, pero no traigan al ICE. A largo plazo sufrirá la comunidad de McFarland”, comentó Estevan Dávalos, un campesino indocumentado originario de México que ha vivido y trabajado en McFarland durante años.
Cada vez es más común que las ciudades rurales con poco dinero en todo el país dependan de las empresas penitenciarias para que la recaudación impositiva, los empleos y otros beneficios financieros se mantengan a flote.
No obstante, las instalaciones privadas han sido criticadas por promover el encarcelamiento y por falta de supervisión. La nueva ley de California también prohíbe los centros privados de detención para migrantes, pero GEO Group firmó un acuerdo con el ICE para arrancar operaciones en las instalaciones propuestas de McFarland antes de que la ley entrara en vigor, por lo tanto, la decisión final quedó en manos de la comisión de planeamiento.
En Adelanto, California, donde GEO Group ya opera un centro de detención para migrantes, la comisión de planeamiento de esa ciudad votó el miércoles para aprobar un permiso que convertirá otra cárcel estatal, también administrada por GEO, en instalaciones que albergarán a inmigrantes.
Ramírez, quien ayudó a organizar a la oposición en McFarland, declaró que tan solo tenía 22 años cuando cruzó la frontera desde México, encontró trabajo recolectando uvas en McFarland y comenzó una familia.
Según comenta, en todos los años que ha vivido en la pequeña ciudad, ni ella ni su marido, Eusebio Gómez, quien también está en el país de forma ilegal, habían tenido un solo encuentro con las autoridades migratorias.
“Vivimos aquí en paz. Creamos nuestras vidas en McFarland, trabajando para apoyar a nuestra familia sin ningún temor”, mencionó Ramírez.
Su hijo Jesús obtuvo las calificaciones más altas de su generación, un motivo de orgullo para Ramírez, quien es analfabeta. Eusebio Jr. sobresalió en el fútbol y trabaja en los campos durante sus vacaciones de verano para ayudar a la familia.
Al sentirse instalados y seguros, el año pasado, la pareja inició conversaciones con su arrendador para ver la posibilidad de comprar la casa de dos dormitorios que le han rentado durante trece años.
Luego, un día a mediados de enero, mientras Ramírez estaba podando los viñedos con sus nuevas tijeras de color rojo, el líder de su equipo le comentó de un plan para remodelar las cárceles del centro con el fin de transformarlas en instalaciones del ICE.
“Esas dos cárceles están a tres minutos de mi casa, nunca me importaron”, señaló Ramírez, mientras se encontraba sentada en la prolija cocina de su casa antes de dirigirse al centro para la marcha y la audiencia del martes. “Un centro de detención del ICE solo traerá miedo a nuestra comunidad. Tal vez tengamos que irnos”.
Tanto GEO como el Departamento de Justicia han demandado al estado por la ley que prohíbe contratos nuevos o renovados para las cárceles privadas. En un intento por sortear la ley, la cual fue firmada en octubre por el gobernador Gavin Newsom y entró en vigor en enero, GEO y el ICE firmaron un acuerdo en diciembre para convertir las cárceles estatales de McFarland en instalaciones federales de detención para inmigrantes, lo cual seguiría siendo legal, según las organizaciones.
Fue entonces cuando la comunidad tuvo que poner manos a la obra.
Faith in the Valley, una organización local sin fines de lucro, reunió a gente en la iglesia católica de St. Elizabeth y organizó grupos para que distribuyeran peticiones. Todas las tardes, después de terminar su turno en los viñedos a las cuatro de la tarde, Ramírez y su hijo mayor se unían a las decenas de personas que tocaban a las puertas para informar a la comunidad y buscar apoyo para su campaña.
Le pedían a la gente que escribiera su nombre, dirección y número telefónico en una tarjeta de compromiso de color verde que decía: “No a los centros de detención de inmigrantes en McFarland”. Le exponían lo que estaba en juego a cualquiera que quisiera escucharlos.
“Algunas personas nos azotaron la puerta en la cara”, comentó Stefani Dávalos, la hija de 17 años de Estevan Dávalos, quien fue de puerta en puerta con su padre. “Otros tenían miedo de firmar. Pero muchas personas, aunque no tuvieran sus documentos en orden, aceptaron llenar la tarjeta”.
En total, el grupo reunió mil tarjetas.
Antero Sánchez, el cura de St. Elizabeth, le envió una carta a la comisión de planeamiento en la que instaba a sus miembros a oponerse a los centros de detención para inmigrantes. “Para una comunidad de migrantes como McFarland, este contacto problemático podría significar un miedo constante a causa de la presencia del ICE en el área”, escribió.
Antes de la audiencia frente a la comisión de planeamiento celebrada el martes por la noche, Ramírez estaba llorosa y preocupada. Mientras jugaba con los trapos bordados que hizo para guardar las tortillas en la mesa de la cocina, mencionó: “Si el ICE viene a McFarland, supongo que podríamos ir a Oregon o a Washington. Allá hay trabajos para campesinos”.
Para cuando Ramírez llegó al exterior de las salas, con sus lentes oscuros, se sentía motivada y estaba liderando a la multitud de 300 personas en los cánticos de protesta.
Del otro lado de la calle, unos treinta empleados de GEO de un centro de detención para inmigrantes en Adelanto levantaban pancartas en una contramanifestación. “Por favor salven nuestros trabajos”, decía una. “GEO llegó para quedarse”, decía otra.
Después de la votación de dos contra dos, que conforme a las reglas de la comisión significa que la moción no procede, los ejecutivos de la empresa salieron del lugar y se rehusaron a ofrecer comentarios.
El miércoles, la empresa sugirió que le iba a pedir al ayuntamiento de la ciudad que revisara el rechazo de la comisión de planeamiento. “Queremos presentarle al ayuntamiento los importantes beneficios de mantener abiertas las instalaciones del Valle Central y del estado de California”, mencionó la empresa en un comunicado.
Al parecer, Cantú, el alcalde, no iba estar para recibirlos de todas formas. Su renuncia, tras nueve años en el puesto, se haría efectiva el viernes.
“La ciudad está en una posición para crear cosas importantes, o para engendrar su posible desaparición”, comentó. “He hecho todo lo que ha estado en mis manos”.
El martes por la noche, afuera de la sala del ayuntamiento, los residentes estallaron de alegría por la votación de la comisión de planeamiento.
“La comunidad hizo una gran diferencia”, comentó Rudy Núñez, un miembro de la comisión que votó en contra del plan.
“Somos una comunidad unida”, señaló Ricardo Cano, quien también votó en contra.
Los otros comisionados se fueron sin ofrecer más comentarios sobre el tema.
Afuera, la multitud explotó en cánticos de “Sí se pudo”.
Ramírez, entre lágrimas, dijo: “Estoy feliz por mi gente”.
Se hizo a un lado y llamó a su marido, quien no estaba en la ciudad. “Estoy muy orgullosa de que la gente nos haya apoyado”, le dijo. “Ganamos. Quería decírtelo, mi amor. Buenas noches”.
