Texas ejecuta a un mexicano por asesinar a cinco familiares
El estado de Texas ejecutó este jueves al ciudadano mexicano Abel Revill Ochoa, que fue condenado a muerte por asesinar en 2002 a cinco miembros de su familia, incluidas una hija de 7 años y otra de 9 meses.
A Ochoa, de 47 años y nacido en Vicente Guerrero (Durango), lo declararon muerto a las 18.48 hora local (00.48 del viernes GMT) tras recibir una dosis letal de pentobarbital en la prisión de Huntsville, cerca de Houston, según notificó el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ).
Sus últimas palabras fueron: «Quiero pedir perdón a mis cuñadas por todo el daño emocional que les he causado. Las quiero a todas y las considero las hermanas que nunca tuve. Gracias por perdonarme».
El 4 de agosto de 2002, Ochoa, que había consumido crack, salió de su habitación pistola en mano y mató a tiros a su esposa, Cecilia, a sus hijas Crystal (de 7 años) y Anahi (de 9 meses), a su cuñada Jaqueline y a su suegro, Bartolo.
Además, dejó herida de bala a otra cuñada, Alma, también hermana de su esposa, que logró escapar y avisar a la Policía, que lo detuvo minutos después.
Según reconoció durante el juicio, Ochoa empezó a consumir crack dos años antes de los crímenes y con el tiempo se volvió un adicto. Gastaba el dinero del hogar y también sacaba préstamos para comprar la droga.
Consciente de su problema, Ochoa había aceptado la ayuda de su familia para superar la adicción y ese 4 de agosto, un domingo, ya llevaba 10 días sin crack.
Sin embargo, después de ir a la iglesia, su esposa accedió a darle 10 dólares para que comprara y fumara algo de droga y mitigase así su síndrome de abstinencia.
Ochoa consumió la droga en el jardín trasero del hogar familiar en Dallas (Texas) mientras su esposa, hijas, cuñadas y suegro departían y jugaban en el interior. Después fue a su habitación y se acostó un rato en la cama.
Fue entonces cuando salió pistola en mano, según confesó después: «La pistola ya estaba cargada, y entré en el salón dónde estaba mi familia. Empecé a disparar mientras estaban todos sentados en el sofá».
A la pequeña Crystal la mató de cuatro tiros por la espalda mientras corría hacia la cocina tratando de escapar.
Las autoridades detuvieron a Ochoa minutos después en un cajero automático gracias al aviso de su cuñada Alma, tratando de sacar dinero con una tarjeta de crédito de su mujer para comprar más droga.
Su defensa esgrimió durante el juicio que Ochoa sufrió un delirio inducido por las drogas, argumento que no convenció al jurado, que alcanzó un veredicto de culpabilidad tras deliberar durante menos de 10 minutos.
La ejecución en los últimos años de mexicanos en Texas ha estado envuelta siempre de polémica ya que en 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó reconsiderar los casos de 51 ciudadanos de ese país condenados a muerte en EE.UU. en una sentencia conocida como «Fallo Avena».
A los presos beneficiados por el «Fallo Avena» se les violó según la CIJ su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención.
Ochoa, sin embargo, quedó fuera de los beneficios del fallo al ser también ciudadano estadounidense y haberse personado como tal durante el proceso penal.
En un comunicado este jueves tras la ejecución, el Consulado de México en Houston sostuvo que su Gobierno «ha manifestado consistentemente su oposición a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas».
«En tal virtud, ha reiterado a nivel nacional e internacional, que seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo», añadió.
La diplomacia mexicana había suscrito una carta dirigida a la Junta de Perdones Texas con el fin de apoyar la solicitud de clemencia de Ochoa, petición que fue rechazada por ese organismo días atrás.
La de Ochoa fue la segunda ejecución del año en Texas y la número tres en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, 1.515 presos han sido ejecutados en EE.UU., de ellos 569 en el estado de Texas.
