Exprocurador Céspedes también fue sometido a la justicia en 2006
Jean Alain Rodríguez no es el único ex procurador general de la República que ha sido llevado a la justicia por presunto acto de corrupción, Víctor Céspedes Martínez también fue llevado a los tribunales por acusaciones de manejo de indultos y excarcelaciones de reclusos, así como por prevaricación y desfalco de RD$5 millones en perjuicio del Estado.
Céspedes Martínez fue sometido a la justicia en dos ocasiones una por presuntos actos de corrupción con el manejo de indultos y excarcelaciones de reclusos y otro por ordenar el pago de cinco millones de pesos ante recurso de amparo que interpusiera la editora Listín Diario por ante la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial.
Sin embargo, en ambos casos fue exonerado de toda responsabilidad penal.
En el primer caso fue sometido a la justicia conjuntamente con la ex alcaide de la cárcel de Najayo, Oneida Acevedo y Marisol García, pero fueron favorecidos con un auto de no ha lugar por la entonces jueza Ileana Pérez García, del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El ministerio público acusó a Céspedes y otras diez personas de facilitar ilícitamente la salida de prisión de reclusos, donde convergían la existencia de sumas de dinero con promesas de indulto y el uso indebido de facultades legales en excarcelaciones. Mientras que en el segundo caso fue sometido conjuntamente con el ex procurador adjunto, Francisco Cadena Moquete y la abogada Maritza Cruz, quienes fueron contratados por éste para representar al Estado en un recurso de amparo interpuesto por la Editora Listín Diario, labor por la cual percibieron cinco millones de pesos.
Sin embargo, fueron descargados por el Tribunal Colegiado de primera instancia del distrito judicial de San Cristóbal, el 25 de agosto del 2006. El Ministerio Público había pedido que fueran condenados a 4 y 3 años de prisión.
Ambos exrepresentantes del Ministerio Público fueron favorecidos con un auto de no ha lugar por el entonces juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián, decisión que fue recurrida en apelación, siendo confirmada por la Tercera Sala de la Corte del Distrito Nacional.
Los fiscales recurrieron en casación ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que ordenó el envío del expediente a la Cámara Penal de la Corte de San Cristóbal.
