El viacrucis de Danilo Medina, que apenas empieza

La austera dama que concluyó una carre­ra digna como Jueza de la Suprema Corte de Justicia humillada en el Consejo Nacional de la Ma­gistratura, el jueves se estrenó co­mo miembro de ese órgano y este domingo, como responsable de la persecución penal sus subalternos están solicitando encarcelamien­to para ex funcionarios y parientes del ex presidente Danilo Medina.

Esas medidas, para colmo psi­cológico, se radican ante el Tribu­nal de Atención Permanente que preside un Juez que se presentó, en esa misma ocasión, como can­didato para la Suprema Corte de Justicia retirándose con un discur­so admonitorio al sentirse recha­zado por el entorno presidencial que entonces controlaba el CNM, “profetizando” que un día, Medi­na Sánchez y su entorno, desea­rían que su causa fuera conocida por él, en cuyo caso actuará ape­gado a la ley: Eso está sucediendo hoy.

La situación judicial abierta desde el pasado domingo con los allanamientos y aprehensiones, durante la noche, de ex funciona­rios y particulares, dieron lugar a que el lunes Medina, afectado emocionalmente y contrario a su talante habitual, declarara “cobar­de” la forma en que se realizaron los arrestos.

Ese día y el siguiente, en oca­sión del suicidio –lamentable– de Cesar Prieto, mucha gente con­denó la forma aparatosa, puesto que no se detenía a narcos, ni te­rroristas violentos y nadie compró el argumento de que están destru­yendo pruebas, pero en el fondo, cuando menos en el caso del her­mano, la mayoría está persuadida de su culpabilidad.

Abinader se ha mantenido jui­ciosamente al margen, empero, Leonel reaccionó –erróneamen­te– declarando que el PLD… se emborrachó, algo cierto, pero que quizás no debió decir él.

Ahora esta primera batalla ju­dicial –alimentada por las redes y la prensa- se centra en indicios, peligro de fuga y en normas pro­cesales: Eso es lo que verá el Juez, por el momento. Luego se analiza­rá lo vertido en el acta de acusación y su sustento, habrá mucha presión mediática pero la ciudadanía debe recordar que el juicio no se inicia es­te domingo; algunos podrían recibir medidas de coerción económica o domiciliaria y, eso no implica culpa­bilidad, ni inocencia.

En ciertos medios, fruto de la de­signación de la JCE y de la elección del miembro del CNM a cargo del Senado apuntan a un acuerdo tácti­co entre el PRM y la FP, que de esta forma aúnan esfuerzos para destruir al PLD: Sería un grave error –político y humano- que Leonel ayude a des­truir a Danilo, quien está siendo ani­quilado por otros: En la muerte del enemigo que está agonizando a ma­nos de otro, no se debe participar.

Sería error además porque puede hacer que, una parte del PLD y de la opinión pública, presionen por per­secución al PLD de los 16 años –que presidió Leonel- y no de los últimos 8, propiedad de Medina.

Esa tesis de alianza táctica tampoco conviene a Abinader –quien luce ajeno a las actuacio­nes de los fiscales– puesto que a la oposición PLD y FP, la mantie­ne débil la opinión pública a tra­vés de los medios y ahora a través de la justicia: Gana sin hacer na­da, no tiene que pagar el precio de perseguir y, las persecuciones judiciales a los líderes políticos han sido funestas para el país: La Amenaza a Antonio Guzmán de­termino su suicidio y el juicio –mostrenco- a Jorge Blanco resul­tó en una pesadilla para Joaquín Balaguer que solo terminó el día de su muerte… y costó al país más de lo que se ha estimado.

Desde luego que este no es el mis­mo país del periodo 1986-90 y, es por eso que, las condenas se deben procurar con respeto al debido pro­ceso y, en particular, de los demás de­rechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el dere­cho al honor, la intimidad y el buen nombre: En el país algunos creen que existe la justicia popular, eso está prohibido, no basta por ejemplo que creamos a Alexis Medina Sánchez –quien con su estilo de vida se burló de todos– culpable, a él hay que res­petarle sus derechos o no somos dis­tintos.

Otra cuestión nueva que segura­mente se discutirá cuando se venti­le el tema de las pruebas en que se sustenta la acusación es que una parte central de las imputaciones se fundan en actos administrativos –concursos, contratos, libramien­tos, etc.– que hasta donde sé, posi­blemente no han sido declarados incorrectos por la jurisdicción ad­ministrativa o remitidos –con dicta­men- por la Cámara de Cuentas y, sin eso, el Juez Penal no debe darse atribuciones que la Constitución y la Ley no le otorgan: Qué tal que la Justicia Penal diga que son dolosos y la Administrativa dictamine que son correctos!

El juego apenas empieza.

Supongo que el siguiente round en el triste camino –actual- del PLD será no perder la capacidad de control de mayorías especiales en la Cámara de Diputados, algo que puede suceder con la pérdida de 7 diputados.